FUENTE DE PIEDRA

La Revolución de 1840, o Revolución del Disgusto para la Corporación municipal» 

          Con el «Abrazo de Vergara» terminaba en 1840 la primera guerra carlista. El prestigio militar y político de Espartero se acrecentó y la reina María Cristina le entregó el gobierno para frenar la marea revolucionaria que se había apoderado del país. Desde primeros de septiembre de ese año estallaron revueltas progresistas en todos los rincones de España y se formaron «Juntas Revolucionarias» que desafiaron la autoridad del gobierno.

         Ese año de 1840 Fuente de Piedra podríamos decir que, como entidad municipal independiente recién segregada de Antequera, estaba en «pañales», carecía de infraestructura y experiencia municipal. Cierto que había triplicado con creces su población en los últimos años y experimentado un considerable avance económico en todos los sentidos, pero en diplomacia y gestión administrativa no había madurado; demostró estar aún muy «verde». La Corporación municipal la integraba el alcalde presidente, Juan Ruiz Requena; Diego Heras Pacheco, primer teniente de alcalde; José Díaz Cano, segundo teniente de alcalde y José Navarro Velasco, regidor-síndico y, en funciones de secretario municipal, José Fernández, único de todos ellos que sabía leer y escribir. En esta situación y contexto histórico ocurría lo siguiente:

         La mañana del 7 de septiembre de 1840 se crea en Antequera la Junta Constitucional de Defensa, que quedó bajo el mando del Conde de la  Camorra. Días más tarde, el 16, dicha Junta acordó movilizar a todos los nacionales solteros y viudos sin hijos que no estuviesen discapacitados, dando un plazo de 24 horas para que se presentasen ante la comisión que se había establecido en la propia casa del Conde de la Camorra. A su vez, mediante oficio, el propio conde anunciaba al alcalde villafontense que facilitase noticia de los movilizados en Fuente de Piedra advirtiéndole que pasarían a engrosar «su batallón» y no admitiría negligencia ni morosidad en ese servicio. Los movilizados fueron finalmente 22.

         Estas acciones llevaban aparejadas movimiento de tropa y bagaje de un lugar a otro y el 30 de septiembre, pasadas las diez de la noche, el alcalde recibía un oficio de la alcaldía antequerana en el que prevenía que para las dos de la tarde del día siguiente se tuviesen dispuestas 15 caballerías mayores y 15 menores para el transporte de los equipajes de la llamada Columna de Málaga.

         En contestación a esa petición, el alcalde D. Juan Ruiz informaba a la Junta de Defensa que no tenía obligación de auxiliar a dicha columna alegando cierta reglamentación vigente, aunque para no perjudicar el traslado de la columna había procedido al embargo de 12 caballerías mayores y 12 menores, citándolas para las diez de la mañana del día 1 de octubre, pero éstas no se habían presentado.

         La respuesta de la Junta llegaba el 21 de octubre y desmontaba todos los argumentos esgrimidos por el alcalde D. Juan Ruiz, por estar basados en una reglamentación obsoleta, con la consiguiente sorpresa del alcalde y su Corporación municipal que según iba leyendo el oficio el secretario D. José Fernández, pues ninguno de los miembros de la Corporación sabía leer, se fue tornando en disgusto y preocupación cuando escuchaban de boca del secretario:

         «[…] imponer a usted, mancomunadamente con el Ayuntamiento de su Presidencia la multa de doscientos cincuenta reales por su consumada e indebida desobediencia no concurriendo con el mencionado embargo de tan imperiosa necesidad y urgencia y además veinte reales por cada una de las treinta caballerías que faltaron […]»

         El presidente de la Junta Constitucional de Defensa de Antequera, conde de La Camorra, no se anduvo con rodeos, fue directo al grano y les daba un plazo de 24 horas para abonar la sanción, amenazando:

         «[…] de no dar exacto cumplimiento a esta disposición, pasará inmediatamente una columna de fuerza armada a costa de ese Ayuntamiento hasta que se verifique […]»

         En resumen: Por desobediencia multa de 250 reales y por no haber embargado las 30 caballerías solicitadas, sanción de 20 reales por cada una de ellas, lo que supuso un incremento de otros 600. El montante total de la sanción fue de 850 reales; cantidad considerable en el tiempo que tratamos.     

         Cabe preguntarse ¿si el alcalde y ninguno de los concejales sabían leer y escribir, quién les aconsejó no atender el auxilio a la columna de Málaga? Se podría sospechar que fue el secretario, pero no podemos afirmarlo. Sin embargo, de lo que no tenemos duda es que tanto el alcalde como el resto de su Corporación aprendieron la lección y tardarían en olvidar aquella revolución que si para unos fue la Revolución de 1840,  para Corporación municipal villafontense fue la Revolución del Disgusto.

Francisco Muñoz Hidalgo