FUENTE DE PIEDRA

Política y Gestión Municipal

1

LA GESTIÓN MUNICIPAL

(1547-1900)

Tras la reconquista del Lugar en 1462, la zona pasa a ser administrada por el Cabildo antequerano durante tres siglos y medio, hasta que en 1820 se inicie el proceso de segregación y Fuente de Piedra deje de ser una pedanía de Antequera y se constituya en municipio independiente, con entidad propia y capacidad para dirigir su propio destino. Y es a partir de constituirse en municipio que pasamos a relatar, de forma cronológica, los asuntos más relevantes debatidos por los distintos ediles que conforma-ron la Corporación municipal desde que tenemos documentos hasta el ini-cio del siglo XX.

Desde que nace el pueblo en 1547 hasta la total segregación de Antequera a mediados de 1835, la autoridad en el arrabal recaía en dos alcaldes pedáneos. Con el nuevo estatus alcanzado con la segregación se impone el nombramiento de las siguientes figuras municipales: alcalde, dos tenientes de alcalde, primero y segundo y varios regidores.[1] Reunidos periódicamente serán ellos los que, por una parte, decidan qué medidas adoptar ante la problemática municipal; de otra, cumpliendo o haciendo cumplir lo ordenado por la superioridad comarcal, provincial o nacional, dejando constancia de su actuación en las actas municipales y otros docu-mentos.[2] En un caso u otro, en los distintos temas que hemos abordado y los que a continuación siguen, queda manifiesta la actitud de los gobernan-tes ante la problemática a la que tuvieron que hacer frente de forma inmediata en distintos momentos de su mandato (cobro de impuestos, arre-glo de calles, gestión del agua, gestión sanitaria, escolar, seguridad, etc.), y encaminando acuerdos al cumplimiento de lo ordenado por instancias supe-riores como fueron la salida en partida tras los asaltos de bandidos, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad que van de paso, vigilancia intensiva del trayecto férreo y de los hilos del telégrafo que corrían paralelos a la vía para mantener franco el servicio, etc.[3]

Este tema dedicado a la gestión municipal lo presentaremos siguiendo cronológicamente los hechos a destacar, si bien, de aquellos asuntos que por su complejidad han requerido un capítulo aparte daremos cuenta de ello, a título testimonial, a los efectos de dejar constancia de los mismos en el sitio que cronológicamente les corresponda, pero no profun-dizaremos por haberlo hecho en exclusiva en el capítulo a él dedicado, lo que evitará detenernos ante situaciones complejas que retrasarían y nos distraerían de esa visión global que pretendemos dar a este episodio.

Podríamos decir que este apartado es el termómetro que marca la «temperatura» política, en especial la del siglo XIX. Un siglo cargado de momentos históricos, de los que daremos cuenta detallada, así como de la actitud adoptada en cada momento por la Corporación vigente.      

         A poco de gozar de independencia total respecto de Antequera, Fuente de Piedra tiene que hacer frente a sus responsabilidades, tanto particulares como sobrevenidas; una de ellas, afrontar el nuevo impuesto de Culto y Clero. Un impuesto que surge por los cambios habidos en la configuración estatal, aunque dichos cambios no tendrán en Fuente de Piedra consecuencias tan severas como ocurrió en otros puntos del país, a pesar de su frágil estructura económica. He aquí cómo se sucedieron los hechos. En 1836 tiene lugar la desamortización eclesiástica de Mendizábal, que afectó a ciertos predios de terreno pertenecientes a distintas órdenes religiosas, hermandades o cofradías. Un año más tarde, en 1837, nace una nueva Constitución -para muchos historiadores llamada «transaccional»-, en la que quedaba muy clara la obligación del Estado para con la iglesia. El artículo 11 de dicha Constitución establece que la Nación está obligada a:

 «[…] mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles».

 Y en la posterior Constitución de 1845 se lee:

«[…] la religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros».

         Ahora bien, el Estado pronto se desprende de dicha carga, que transfiere a los Ayuntamientos. En lo que a Fuente de Piedra se refiere, en 1840, los gastos derivados de la iglesia serán satisfechos con la llamada Contribución de Culto y Clero, cuya recaudación se obtiene a través del sistema de reparto vecinal. El cupo de 1843 para atender este  impuesto de Culto y Clero por parte del ramo correspondiente a bienes industriales o comercios, aporta una información muy interesante para conocer la econo-mía del municipio en fechas que se van aproximando al meridiano del siglo XIX. Para no desviarnos del tema que vamos tratando, dejamos constancia de la contribución llevada a cabo en 1843 en el Anexo 46, en el que transcribimos literalmente el expediente formado para el «Reparti-miento de la Contribución de Culto y Clero, parte industrial, por cuenta a dicho año de 1843».

Sin embargo, las cantidades a satisfacer no llegaban a la parroquia, ni en tiempo, ni en forma, lo que provocó que el obispado de Málaga tuviese que intervenir en más de una ocasión para saldar cuentas. A esta incomodidad hay que agregar que en 1839, el cura párroco D. Manuel María Labrador era desterrado por sentencia del Tribunal Eclesiástico.[4] Para sustituirlo, desde Colmenar llega D. Francisco Muñoz y Muñoz. Y aquí surge otro problema con el Ayuntamiento. D. Francisco se opone a compartir vivienda con el sacristán, D. Juan Villalobos, que instalado en la llamada casa del cura, no está dispuesto a abandonarla.

 Como podemos observar, la relación Ayuntamiento-Iglesia no fue  por estos años en Fuente de Piedra lo saludable que cabría esperar. Las consecuencias de estos enfrentamientos dejaron su huella en los desplantes de una y otra autoridad ante los eventos civiles y religiosos que tuvieron lugar. Tensión que traspasaba los límites del municipio, como lo pone de manifiesto la nota adjunta que el gestor que despachaba los asuntos municipales en la capital, dirige años más tarde al secretario del Ayuntamiento, aprovechando la remisión de un expediente destinado al sacerdote. En dicha nota se lee:  

«[sic] si V. ve que el Sr. Cura se ha de resentir porque V. se lo dé puede entregárselo al Sr. Comandante y darle un recadito de mi parte, haya sincera amistad les aconsejo a Vds, pues no conocen VV lo que pierde un pueblo en donde no hay paz».[5]

         Dando un pequeño salto en el tiempo llegamos a 1848; un año muy agitado.[6] La situación del país pasa por momentos difíciles y en muchos núcleos urbanos se producen revueltas. La monarquía está en el punto de mira de los insatisfechos. La prensa cuestiona la forma de actuar de las autoridades en el desempeño de sus funciones y en su afán por despejar un poco el horizonte, se envían escritos a los ayuntamientos para que intentasen apaciguar los ánimos revolucionarios. El 27 de abril de 1848 se recibía oficio del Gobierno Político de Málaga, autorizando al Ayuntamien-to a la suscripción a un determinado periódico político. El objetivo: paliar o anular las informaciones o críticas contrarias a los ideales políticos del poder vigente. El oficio dice:

«Atendiendo las circunstancias actuales que por su naturaleza extraordinaria dan margen a que ciertos órganos de la prensa periódica extravíen la opinión pública con noticias y narraciones inciertas, he llegado a creer indispensable la lectura de otros periódicos que ayuden a satisfacer juicios errados y a difundir esperanzas de paz duradera destruyendo las alarmas ficticias que tanto perjudican a la prosperidad del País. Por consecuencia de esta convicción he acordado autorizar la corporación Municipal que V. dignamente preside para que disponga si lo cree útil la inscripción a un periódico político que lleve las condiciones indicadas siendo su importe de abono en las cuentas».[7]

Las manifestaciones fueron masivas en la Capital del Reino y para evitar en la medida de lo posible estas concentraciones, engrosada en su mayoría por gente que llegaba de otros puntos del país, el Gobierno Civil de Málaga prohibió tajantemente expedir pasaportes para Madrid a quien lo solicitase. Aquellos que, por razones de negocio o cualquier otra índole, tuviesen necesidad de desplazarse al margen de manifestaciones, debían solicitar la autorización de D. Juan Pachón Pachón, alcalde en el momento que tratamos, al que se le hacía responsable de las consecuencias que de la actitud del viajero se derivaran.[8]

Para contrarrestar las manifestaciones,[9] desde las cabeceras de parti-do se invitó a los alcaldes a sumarse a la causa de S. M. Isabel II a través de papel de sello cuarto, en el que se solicitaba encarecidamente que toda la población se sumase a través de su firma.[10] Para que el alcalde no tuviese que molestarse en poner la esquela de adhesión, esta ya venía confeccio-nada; dispuesta solo para recibir en su parte inferior las firmas de los veci-nos. Decía así:

«Señora:

Los que subscriben espontáneamente este público testimonio de lealtad, de amor al orden y de respeto a las leyes, protestan a los pies del trono de V. M., que se adhieren por excitaciones que parten del corazón a la solemne manifestación que tuvieron el honor de hacer a V. M. las personas más notables de la Corte en 7 de este mes con motivo de los deplorables acontecimientos del mismo día.

Fuente de Piedra 14 de mayo de 1848

Señora.

A.L.R.P. de V.M».[11]

La población se sublevaba y la forma de contrarrestar los movimientos de la oposición fue evitar las reuniones y prohibir las conversaciones políticas. Acción que no se hizo esperar. El 14 de junio, el Jefe Civil del Distrito de Antequera recordaba a Fuente de Piedra que estaba prohibido el establecimiento de Sociedades o tertulias patrióticas donde públicamente se debatiesen cuestiones políticas,[12] y se instaba a las autoridades municipales para que acusasen recibo de haberlo hecho saber a todo el pueblo, advirtiendo que serían castigados severamente los que contravinieren lo que había ordenado el Gobierno de S. M.

Se presionó aún más, instando al alcalde a informar si en el pueblo había o tenía conocimiento de la existencia de alguna sociedad o tertulia patriótica; al tiempo que solicitaba se intensificaran los controles sobre los vecinos.[13]

En este sentido, de forma velada, también se pidió al alcalde que estableciera un padrón de vecinos en el que se hiciese constar las circunstancias personales de cada uno de ellos. Pero no nombres, apellidos y cuatro datos más, no, datos exhaustivos que informasen sobre su situa-ción social, económica, política, moral, etc., prestando especial atención a aquellos moradores que llevasen un tren de vida superior al que podían permitirse con sus ingresos; en cuyo caso debían ser sometidos a una estricta vigilancia.[14] El alcalde, en aquel momento D. Juan Fernández Pachón, sorprendido al no saber cómo atajar el problema lo pasó al secre-tario, y este, a su vez, planteó el asunto al gestor intermediario que tramitaba la documentación municipal en Málaga, por entender que allí tendrían noticias más claras al respecto y les indicaría cómo proceder ante tan espinoso asunto. Así se hizo y, en una nota «oficiosa», remitida a través del veredero,[15] llegó la tan deseada contestación. Dirigida al Sr. Cañero, a la sazón secretario municipal, decía sin más formalidades, sellos ni firma lo siguiente:

«Mi estimado Cañero:

Importa y estimaré a V ponga en el expediente de la Quinta, al pie de la letra lo que conviene en papel que obra en poder de mi hijo o de mi hermana; que es sobre poco más o menos lo que se dijo y habló el día 24.

Queda aquí el oficio reservado, soy de opinión que no debe hacerse el padrón, esperar a que recuerden su cumplimiento, que podrá ser que como otras muchas cosas no la recuerden y si lo hacen contestar que en ese Pueblo no se conoce ni un solo hombre que no tenga su modo de vivir conocido, sin tacha en su conducta política y moral; y que si a pesar de eso hay necesidad de formar dicho padrón, no será otra cosa que un duplicado del general hecho a principio año. Si no hay más remedio que formarlo, lo hará el Alcalde solo con ausencia de V. principiando con el cumplimiento y a la vista del padrón general se dirá:

Antonio Ligero – Jornalero, con casa propia y unas tierras que labra, casado con F(ulana) y tantos hijos – Buena conducta, pasifico y honrado.

Francisco Velasco Pacheco – Carretero con yunta de Bueyes suya y carreta, siembra algunos pegujares, casado con Ana Muñoz y 4 hijos, Buena conducta, pasifico y honrado».[16]

En 1849 sigue el descontento general y una facción del ejército se subleva en Motril y es dispersada; parte de ella se acantona en la serranía de Ronda y sus inmediaciones, por lo que hubo vecinos que tuvieron que salir en batida por los cuatro rincones del término.[17]

A finales de ese año de 1849 hubo elecciones municipales, siendo elegido alcalde y tomando posesión del cargo en enero de 1850, D. Ramón Díaz Borrego, que representaba a los conservadores en oposición a uno de los mayores hacendados del municipio, D. Juan Fernández Pachón, que encabezaba la facción progresista. D. Juan no encajó bien la derrota y desde entonces no cesó de atacar a su oponente por todos los frentes posibles y medios a su alcance. Con razón o sin ella, los años siguientes, 1850-54, están llenos de denuncias en las que los ataques personales son permanentes.

El secretario del Ayuntamiento, D. Juan Antonio Cañero, no se libró de esos ataques, pues también fue denunciado, aunque sin fundamento alguno, según quedó demostrado más tarde.[18] No obstante, como medida cautelar se le destituyó del cargo, quedando el pueblo sin secretario municipal hasta que, resuelto el conflicto, se le invitó a volver. Pero D. Juan Antonio, viendo como estaba el paño, rehusó volver a la secretaría,[19] por lo que provisionalmente su puesto ocupado por D. Pedro Pachón Guerrero.[20] La oposición no cesó de incordiar con el  caso del secretario y la alarma volvía a saltar, pues D. Antonio Rabanal (agente del municipio en Málaga) que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo, de inmediato contactó con D. Ramón Díaz, o sea, el alcalde, advirtiéndole de la respon-sabilidad que contraía si faltara el acta de nombramiento del nuevo secretario.[21] El asunto de la secretaría fue exprimido al máximo, hasta que el Gobierno Civil interviene y vistos los expedientes de los secretarios, se hizo público el anuncio de la vacante en el Boletín Oficial, permitiendo a las autoridades municipales nombrar hasta su resolución a quien considera-sen persona más idónea y conveniente.[22]

D. Ramón Díaz, no sabía qué hacer con su oponente. Pidió consejo al representante del pueblo en la capital y el Sr. Rabanal, en nota confidencial, le decía:

«Muy Sr. Mío: impuesto de todo lo que me dice sobre la Comisión se está en el caso de que el Ayuntamiento o el comandante de la laguna le ponga una comunicación al Jefe,[23] contándole la vida y la manera en que tiene alterada la población el amigo[24] e imponerlo de todo ofreciendo á la vez pagar en un breve plazo, esta es mi opinión, si es que en ese pueblo ha de haber tranquilidad. Es cuanto puedo decirle suyo affmo q b s m».[25]

A pesar de los problemas que la oposición, o mejor dicho, D. Juan Fernández planteaba, D. Ramón Díaz salió elegido alcalde de nuevo en las elecciones de 1851,[26] con el consiguiente enfado y malestar para su oponente de la formación progresista, que seguía encabezada por D. Juan Fernández Pachón.

Ante esta situación y la perspectiva que se presentaba en los años venideros, D. Ramón, en un intento por no dejar cabos sueltos, y ante la inseguridad en que se vivía, no dudó en solicitar permiso para custodiar los caudales públicos de forma más efectiva que como hasta el momento se venía haciendo. Para ello adquirió un arca con tres llaves para garantizar la seguridad de los fondos municipales, cuyo importe de 80 reales fue abona-do con cargo al presupuesto municipal.[27]

La  situación  política  municipal  era  delicada  y  todo  valía  para mantenerse, u ocupar el poder. La más mínima nota discordante era denun-ciada. En 1851 se acusaba al alcalde D. Ramón Díaz Borrego de cons-truirse una casa en un paraje próximo a la Fuente de la Piedra[28] y aunque se habían construido otras viviendas sin que se presentase queja alguna, en este caso, al tratarse del máximo edil, se formuló una denuncia ante el Gobierno Civil de Málaga, que acabó  interviniendo para esclarecer el tema en litigio. Para ello, la autoridad malagueña dirigió de nuevo la comuni-cación al teniente de alcalde, ya que el alcalde D. Ramón era el acusado. El caso fue sobreseído, pero el objetivo perseguido, incomodar al reelegido alcalde D. Ramón, se había conseguido.

Las continuas denuncias, fundadas o no, obligaban al alcalde y al  secretario a acudir al juzgado Antequera con cierta frecuencia para prestar declaración de los hechos que se les imputaban.[29]

Sabido es que la alta política decimonónica fue intensa y no carente de anécdotas. Pues bien, la municipal villafontense tampoco careció de ellas. Los enfrentamientos eran continuos y a veces peligrosos. Al alcalde, D. Ramón Díaz, «tres hombres desconocidos»[30] le incendiaron un almiar de paja y la cosecha de cebada de varias fanegas[31] en unos terrenos que tenía en el sitio llamado Navarrete. Se citó a un vecino del pueblo para prestar declaración sobre el particular.[32] Siendo el alcalde el afectado, la comunicación para citar al vecino llegó vía teniente de alcalde, si bien, el vecino citado no llegó a testificar por encontrarse ausente.[33]

Y estos problemas no solo afectaban a los políticos, también a los funcionarios o empleados municipales, que de una manera u otra se veían inmersos en el ojo del huracán y dada la inestabilidad política de aquellos años, se arremetía contra ellos por sus actuaciones durante el período desempeñado en el cargo con el oponente. Si a eso sumamos los errores involuntarios, pero frecuentes al tratarse de personal no bien cualificado, el resultado final no nos sorprende. Esta situación no fue privativa de Fuente de Piedra, era la normalidad en la mayoría de los municipios. Al respecto, por hechos similares, el secretario del Ayuntamiento de Humilladero[34] ter-minó con los pegujares que tenía en Fuente de Piedra embargados.[35]

Ese mismo año, en un ambiente tenso y caldeado y con las fuerzas muy equilibradas, hubo elecciones generales de Diputados a Cortes. Desde la Dirección de Gobierno se recomendaba que se hiciese un esfuerzo para concentrar la mayor parte de los votos hacia D. Ildefonso Aurioles, es decir, que sin tapujos, de forma clara y directa se quería influir en el electorado para que el candidato Aurioles saliese elegido.[36] De inmediato, todos los políticos, que hasta entonces se habían mantenido al margen de lo prometido en las elecciones precedentes, empezaron a dar muestras de acti-vidad justificando el por qué no se había llevado a efecto tal o cual promesa. Por unos motivos u otros, todo se resumía en justificaciones de esta guisa:  

«Querido Sr. Secretario: nada he podido adelantar en el parlamento sobre la manifestación que me dirigió ese Ayuntamiento de que V. es digno Secretario [...] Los grandes negocios de interés general […] ha sido doble la idea […] sobre la devolucion de los bienes al Clero, y la imposición del cuatro por ciento sobre rentas y productos agrícolas para compensar el diezmo […]».[37]

En definitiva, cada cual arrimando el ascua a su sardina.

En 1852, de nuevo, desde el gobierno se intenta influir en el pensamiento del pueblo. Para ello se recomendaba a la Corporación suscri-birse al periódico El Orden, por ser, según decía;

«[…] periódico de ideas templadas, órgano de la administración actual cuya lectura por generalizada que sea producirá indudablemente para el pueblo los resultados más satisfactorios».[38]

Se autorizó que el importe de la suscripción corriera a cargo del capítulo de gastos imprevistos de la cuenta municipal. Pero poco duró El Orden, y mal negocio hizo la Corporación. El 21 de julio de 1852 se llevaba a efecto la suscripción por tres meses,[39] dos días más tarde, el 23, se remitía el importe[40] y el 5 de agosto ya había cesado su publicación.[41]

En diciembre de 1851 nacía la princesa Isabel, conocida como La Chata, y su madre, para conmemorar su nacimiento, creó un establecimiento filantrópico[42] que beneficiara a la gente más menesterosa. Que era mucha, según hemos tenido oportunidad de comprobar en varios de los temas hasta ahora tratados. Ahora bien, la reina lo creaba y el pueblo lo financiaba. La misión, como no podía ser de otra forma, era encargada a las fuerzas vivas del municipio. Desde Gobernación de Málaga se solicitó:

«Con el objeto de que puedan alcanzarse los resultados más satisfactorios en la suscripción abierta en esa población para secundar el pensamiento de S. M. la Reina, convocará V. S. (refiérese al alcalde) desde luego al Sr. Cura y Comandante de armas de la misma, a fin de que de consumo contribuya cada cual por su parte y colectivamente al logro del mejor éxito».[43]

Todo esto ocurre en unos momentos de crisis extrema para la agricultura, a la que la sequía de los años 1851 y 1852 se añadió al año siguiente, 1853, una nevada tan intensa que quemó los olivos.[44] Para paliar la situación se autorizó extraer una tercera parte del grano que había en el Pósito Municipal para la sementera de 1854. Pero al Pósito se le había pedido y se le seguía pidiendo más de lo que era capaz de soportar y esa tercera parte de sus existencias, no alcanzaba a las necesidades del momento. Situación grave que venía anunciando la llegada del Bienio Progresista. Pero poco antes del levantamiento de O’Donnell, los capitalistas villafontenses, conscientes de la gravedad del problema y el malestar del vecin-dario, salieron al paso. Y si no partió de ellos la idea, fue apuntada por el gobernador, que daba a entender que los intereses de las distintas deudas no debía ser superior al 6% anual, atendiendo a «[…] la filantropía de algunos capitalistas […] para facilitar el pago de las cuotas […] que no escedan de 300 rs. al modico precio del medio por ciento mensual».[45]

En 1853 se celebraban de nuevo elecciones a Cortes y, al igual que había ocurrido dos años antes, se volvía a recomendar a D. Ildefonso Aurioles,[46] y se insistía en que se aunaran esfuerzos para conseguir que al emitir sus votos los vecinos lo hiciesen a favor de dicho candidato. En la elección a diputados provinciales el procedimiento era similar. Siempre hubo participación de personas influyentes que dirigían sus preferencias hacia un determinado candidato.[47] Como había que congraciarse con la situación reinante, a inicios de 1854, un vecino pudiente se dirigía al alcal-de, D. Ramón Díaz, para suscribirse durante los dos trimestres que exigía  el  gobierno  -sin que sepamos a qué publicación se refería-.  El suscriptor le anunciaba:

«[...] luego que yo pase á esa que sera a fines de mes liquidaremos y veremos de pagar».[48]

A mediados de ese año de 1854 se revelaba una facción del Ejército que, derrotado, se dirigió a Extremadura y Portugal.[49] Estamos en 1854 y el período que abarca hasta 1856, conocido como Bienio Progresista, enmarca una etapa compleja.[50] Sobre los hechos ocurridos en Fuente de Piedra con motivo de este levantamiento, de gran importancia e interés para la vida de sus ciudadanos, no nos detendremos aquí por haberlo hecho detalladamente en el bloque temático Momentos Históricos, bajo el título El Bienio Progresista. Solo apuntaremos que, ante situación tan delicada, a una semana del levantamiento, el 7 de julio, la Reina quiso olvidar el asunto de los rebeldes concediéndoles el perdón,[51] pero no todos fueron a que los perdonaran; muchos adeptos al levantamiento continuaron con la subleva-ción. El ministro de la Guerra se trasladó a Valdepeñas intentando darles alcance en Venta de Cárdenas.[52] El 19 de julio se levantaba Málaga; Fuente de Piedra, ojo avizor, esperó tres días más para ver que aires corrían antes de definirse. El 22 era disuelto el Ayuntamiento y una Junta Directiva presidida por el conde del Castillo de Tajo, D. Fernando Mansilla y Uribe, asumió el gobierno municipal provisionalmente con vista a recomponerlo a primeros de agosto, siguiendo las nuevas disposiciones reinantes por las que tenían derecho a ser electores y elegibles todos los vecinos que fuesen cabeza de familia.[53] A su vez, el Teniente de Carabineros y Comandante de Resguardo de la Laguna Salada, D. Policarpo Asunción, se adhirió al movimiento popular, poniéndose a las órdenes del nuevo gobierno local, o sea, la Junta Directiva Revolucionaria provisional que ese mismo día, 22 de julio de 1854, había tomado las riendas del poder.[54]

            Como se había anunciado, el 3 de agosto, previa votación, toman posesión de sus cargos los miembros elegidos que pasan a formar el nuevo Ayuntamiento que queda encabezado por D. Juan Fernández Pachón en calidad de alcalde-presidente, pasando el resto de los concejales elegidos a ser denominados regidores.[55]

A finales de ese mes de agosto, Leopoldo O’Donnell convocaba a elecciones a Cortes.[56] Trató que fuesen lo más limpias posible, pero los intentos de interferir en la voluntad de los pueblos era algo tan común y arraigado en la política española que fue imposible alcanzar ese objetivo. De hecho, entre las comunicaciones que tuvieron lugar con motivo de este evento encontramos misivas como la siguiente que, respetando su ortografía, dice:

«[sic] la micion de las proximas Cortes son de vida o muerte y que devemos todos unir nuestros votos [...] no he basilado en remitirles las 200 candidaturas [...] para que las distribuyan entre los amigos de ese Pueblo [...] a fin de que con sus relaciones recaiga la eleccion en sujetos tan conocidos y amantes del bien y el orden [...]».[57]

Las influencias estaban repartidas y se hizo lo más insólito para conseguir los objetivos: anular a dos de los candidatos incluidos en la lista electoral, tachando sus nombres en las papeletas de voto, siendo sustituidos por otros dos nuevos candidatos que, en las mismas listas, aparecían manuscritos.[58] Tras la elección, algunos de los diputados elegidos renun-ciaron[59] por haberse presentado por más de una provincia y, en consecuencia, tras los resultados electorales optaban por representar a la provincia que más les interesaba. Abiertamente, y sin ningún pudor, manifestaban su ansia de poder con un descaro que rayaba la desvergüenza.

Los años siguientes fueron más duros aún. Conscientes de la situación, desde Málaga se pidió que se recurriese a los «filantrópicos instrumentos de las personas acomodadas»[60] para paliar la hambruna que se venía padeciendo, bien ayudándoles por medio de suscripciones, bien ocupándolos en trabajos y faenas propias y compatibles con la estación. Corría el mes de enero de 1856, y aún no se había tocado fondo; lo peor estaba por llegar. A la penosa situación económica por la que pasaba el población, políticamente terminaba el Bienio Progresista, que, aunque no fue mucho el beneficio que aportó a la población a juzgar por los datos que obran en los archivos respecto de dicho período, si hay que decir en su favor que se levantó la mano y no fueron muy estrictas las sanciones ante el único medio de subsistencia de la clase jornalera, la extracción «ilegal» de sal. Sobre este particular solo diremos que el Consistorio presentó una reclamación de agravio[61] al habérsele señalado el 12% del producto líquido de la riqueza imponible para el año 1855; año nefasto para la agricultura que, partiendo de una fuerte nevada el año anterior, culminaría en 1857 con la mayor crisis de subsistencia conocida en Fuente de Piedra. El expediente formado para la reclamación de agravio facilita datos de gran interés para el conocimiento económico del momento que tratamos,[62] principalmente relacionado con la agricultura, ganadería y las viviendas del municipio, abordándose también en dicha reclamación el sistema de medidas entonces usado, al no haberse impuesto aún el Sistema Métrico Decimal. Tres décadas más tarde, en enero de 1888, el Jefe de Trabajos Estadísticos de la provincia enviaba un opúsculo sobre el Sistema Métrico Decimal y sus equivalencias,[63] pues aún en esa fecha, Fuente de Piedra seguía utilizando con frecuencia la escala de antiguas medidas.

El avance que había supuesto la normativa elaborada durante el Bienio Progresista, en tanto que permitía que cualquier cabeza de familia que supiese leer y escribir era apto para desempeñar las funciones de máxima autoridad municipal, quedaba suprimido en 1857 con la llegada de Narváez al poder y el restablecimiento del antiguo sistema,[64] por el cual, en Fuente de Piedra solo podían ser elegidos de alcalde o concejales catorce personas de entre toda la población; y estos eran los catorce que, de entre todos los villafontenses, obtenían de sus rentas una base imponible que obligaba a contribuir con un impuesto superior a los 400 reales anuales,[65] Al resto de la población, al no obtener tales rentas les estaba negado ese derecho. Los vecinos no permanecieron indiferentes. Se produjeron altercados en diversos puntos que fueron sofocados y los que participaron en los levantamientos, expulsados de sus lugares naturales. Vueltas las aguas a su cauce se les permitió volver, pero fueron estrechamente vigilados para evitar que provocasen nuevos disturbios.[66] En Fuente de Piedra, aunque se produjeron altercados, estos fueron de menor importancia que los provocados en pueblos vecinos.

En esta situación, en 1857, en plena crisis de subsistencia, la Corpo-ración municipal fue suspendida de acuerdo con el antiguo sistema organizativo recuperado por Narváez que, si bien eliminaba muchas trabas, ponía otras como fue la destitución del alcalde y la del primer teniente de alcalde,[67] por haber desempeñado el cargo sin interrupción desde 1854. Para sustituirles fueron nombrados: alcalde D. José Navarro Velasco y primer teniente de alcalde D. Juan del Pozo Casado.[68] Se levantó acta del nombramiento,[69] que cayó como un jarro de agua fría en los elegidos que, sin desearlo, habían sido señalados para ocupar los respectivos cargos. No dudaron en presentar alegaciones para dar marcha atrás a su elección. Invocaron al gobernador manifestando no saber leer y escribir, condición necesaria para desempeñar el cometido que les había asignado, caracte-rísticas que, por el contrario, sí reunían los cesados.[70] Ante tan innegable situación, el gobernador civil de la provincia dio marcha atrás en un alocado cambio restituyendo a D. Juan Fernández Pachón y D. Juan Pachón Fernández a los puestos de alcalde y teniente de alcalde respectivamente,[71] quedando los destituidos en función de concejales.

En 1858 volvía a repetir la Corporación al ser nombrados alcalde y teniente de alcalde D. Juan Fernández Pachón y D. Juan Pachón Fernández, respectivamente, y concejales: D. José del Pozo Casado y D. José Navarro Velasco junto con D. Francisco del Pozo Casado, que continuaba también  en función de concejal.[72]

En 1859, a los problemas internos del país hay que sumar también los de fuera: los planteados por las pocas colonias americanas que todavía quedaban por independizarse y el problema con el Emperador de Marruecos, que había «ofendido» el pabellón español en nuestras posesiones de África. Para dejar alto ese pabellón había que entrar en guerra y no estando muy boyantes las arcas del tesoro se recurrió al apoyo del pueblo para financiar ese gasto extraordinario.[73]

En 1861,  en Loja  tiene lugar  otro lev antamiento en el que partici-paron más de trescientos revolucionarios republicanos.[74] Desde Málaga se dieron instrucciones para que se vigilase el pueblo y el campo y, muy de cerca, a los sujetos conocidos[75] por sus ideas revolucionarias. El levantamiento, que tuvo cierta aceptación entre el vecindario villafontense, provocó que desde la capital se le exigiese al alcalde que facilitase los nombres de las cuadrillas de revoltosos que se habían sumado a la misma,[76] a lo que D. José del Pozo Casado, entonces alcalde, haciéndose el desentendido informa que:   

«[…] la tranquilidad pública sigue inalterable, cuyos vecinos están solamente ocupados en sus faenas de recolección».[77]

Aunque la conspiración fue sofocada, el gobernador civil, meses más tarde, volvía a cargar sobre el alcalde, que seguía siendo D. José del Pozo, para que le indicase de la repercusión que habían tenido esos levantamientos en el pueblo.[78] A lo que contestó de nuevo quitando importancia al asunto afirmando que los:

«[…] excesos no habían dejado impresión alguna en Fuente de Piedra y que los pocos republicanos que había estaban retraídos y habían abandonado sus proyectos y maquinaciones y que los que había en el municipio estaban a las órdenes de un tal Celino y otro Galisteo […]»[79]

Celino y Galisteo residían en Humilladero. Además de esto, el alcalde afirmaba que en el pueblo solo había hombres de orden para defender el trono y contrarrestar las tendencias democráticas.

Al año siguiente, 1862, aprovechando la visita que la reina hacía a la provincia, los adictos al poder establecido animaron al alcalde para que:

«[…] haciendo un esfuerzo concurriese el mayor número posible de personas a recibir a S. M. la Reina y su Real familia […]».[80]

Aquella insurrección que en 1861 tuvo lugar en Loja había calado en la población rural y dos años después, la situación pasaba a ser muy delicada. Se ordenó vigilar a sus simpatizantes, comprobar si se estaban organizando de nuevo en alguna sociedad secreta revolucionaria, o se observaban movimientos que pudieran inducir a sospecha.[81] Medida que se había adoptado, puesto que desde 1862 había miembros de ciertas sociedades secretas recorriendo los pueblos y animando al alistamiento.[82] El descontento era general. Hemos creído conveniente insertar un artículo salido de la pluma de D. Eusebio Blasco, impreso en el periódico La Época, que recoge el ambiente que se vivía en los años 1865-66, período al que hemos llegado. Dice así:

«En medio de los lujos y alegrías de la corte no oía más que una palabra que se me grabó en el oído, palabra que repetía todo el mundo, que era la expresión de toda una época, el anuncio del fin de una sociedad y de la aparición de una nueva. Madrid repetía en voz baja y a todas horas: ¡La gorda: se va a armar la gorda, viene la gorda! De repente, en medio de todas aquellas agitaciones y de tan variados y resonantes bullicios, se oye una palabra terrible: ¡El Cólera!, y el espanto se apodera de la población; en el Teatro Real ocurren cuatro o cinco casos fulminantes. Perea, el popular caricaturista mudo, cae atacado en la Puerta del Sol, y se salva gracias a una monumental borrachera de manzanilla caliente, que le suministran por equivocación. Ante aquella calamidad que anonada a la corte, y principalmente a las clases populares, los hombres de la democracia tienen una idea grande, elevada, salvadora, y Rivero, Castelar, Sagasta, unidos, forman la asociación benéfica y caritativa de Los amigos de los pobres; penetran de tal modo en todas las casas, llevando a ellas consuelos, medicinas, caridades, palabras de amor; en suma, sembrando para lo porvenir en la fértil tierra de los corazones del pueblo la semilla que germinará el día que sea necesario y oportuno. La corte sigue mientras tanto en La Granja […] En aquellas veladas veía pasar a deshora masas de hombres silenciosos, en largas filas, conducidos por la Guardia Civil. Eran aquellas famosas cuerdas a Filipinas; patriotas cogidos en sus domicilios, restos de las jornadas del 22 de junio, que Narváez iba recogiendo, y de ciento en ciento, de mil en mil, iban los presos por las calles a las dos o a las tres de la madrugada, con las cabezas bajas marchando a compás».[83]

Momentos difíciles se veían venir. En enero de 1866 se produce una sublevación en Aranjuez y Fuente de Piedra, alertada, redobla su vigilancia.[84] El 22 de junio tuvo lugar el levantamiento del cuartel del San Gil y,  de  inmediato,  es  declarado  el  estado  de sitio[85] en  la provincia de Málaga.

En septiembre de ese mismo año, el ministro de la Gobernación y de Fomento visita Málaga, desplazándose desde la capital del Reino por ferrocarril, oportunidad que aprovecharon las autoridades malagueñas[86] para incitar a las municipales, entre ellas las de Fuente de Piedra, a recibirlo en la estación del recién creado ferrocarril.[87] Desconocemos si la Corporación bajó a la estación a presentar sus respetos al ministro.

Meses antes, ese mismo año, el cura párroco D. Antonio Durán Jaramillo invitaba al entonces alcalde D. Francisco Montero Guerrero y demás miembros de la Corporación a un:

«[…] solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso, por el feliz alumbramiento de S. M. la Reina»[88]

Acto que tendría lugar en la iglesia parroquial Nuestra Señora de las Virtudes, a las 11 de la mañana del domingo 18 de febrero de ese año de 1866. Pues bien, la ilustre Corporación municipal, no hizo acto de presencia. La relación Iglesia-Ayuntamiento no pasaba por sus mejores momentos.

Al año siguiente, 1867, se inicia la desintegración del sistema isabelino de forma irreversible. En Málaga se tiene conocimiento de que la Sociedad Secreta «Garibaldinos o de los apuntados» se había organizado otra vez y se puso en alerta a la Corporación municipal.[89] No tarda en declararse el estado de guerra.[90] Se produjeron disturbios, se libertaron muchos presos de las cárceles[91] y sus efectos corrieron como un reguero de pólvora. Sin demora se instruyó desde Capitanía General de Granada a la Alcaldía, sobre la manera de proceder si aparecían por el término.[92] Días más tarde, D. Antonio María Blanco y Castañola, Teniente General de los Ejércitos Nacionales y Capitán General de Málaga dio un «ordeno y mando», con 8 artículos, en los que daba un plazo de 3 días para que entregasen las armas, municiones y licencias, todos los paisanos del pueblo. Aquellos que las tuvieran sin licencia y las devolvieran no se les tomaría en cuenta su irresponsabilidad. Responsable de la recogida del armamento: el alcalde. Para concluir, el bando sentenciaba que aquel que fuese cogido con armas quedaría sujeto a un consejo de guerra.[93]

Antes de llegar a este estado de cosas, la autoridad provincial, viendo la cruda realidad en que se hallaba el país y comprendiendo la lamentable situación económica por la que atravesaba, especialmente las zonas rurales, intentó poner freno a tan trágica situación. Entre las medidas que se pusieron en práctica estuvo, interesándose por el elevado número de obreros en paro, el activar las obras públicas municipales pendientes,[94] con objeto de paliar ese paro y que las familias más necesitadas encontrasen una salida. Con este fin se invirtieron 400 escudos.[95] Otras subvenciones que desde la Corporación se habían pedido fueron denegadas, alegando no haber sufrido el pueblo «pedriscos, terremotos ni inundaciones».[96] Esta negativa se convertirá en una de las impulsoras de movimientos subversivos posteriores.

Desde que se produjo el levantamiento del cuartel de San Gil en junio de 1866 hasta septiembre de 1868, el régimen isabelino no utilizó otro recurso que el empleo de la fuerza; base dinámica inherente a todo poder que pierde sus bases de sustentación. Y para llevarlo a cabo nadie mejor que Narváez. Sin embargo, el «espadón de Loja» fallecía en 1868 y con él, el último bastión del trono y la solución militar que hasta ese momento había contenido, a duras penas, la desintegración del sistema.[97] Le sucedió González Bravo, aprendiz de dictador, que radicalizó la política de mano dura que había llevado su antecesor y los resultados no se hicieron esperar. Como respuesta se produce la sublevación militar apoyada por elementos civiles conocida como La Gloriosa, Revolución de Septiembre o Septembrina. El 23 de septiembre de 1868, Fuente de Piedra se adhería al nuevo movimiento político. El entonces alcalde D. José del Pozo disuelve el Ayuntamiento y el gobierno municipal pasa a manos de una Junta Revolucionaria provisional bajo la presidencia de D. Vicente Dorado Nieblas y días más tarde serán nombrados nuevos regidores bajo la presidencia de D. Juan Fernández Pachón. De este movimiento revolucionario y sus consecuencias inmediatas solo apuntaremos algún dato, imprescindible para seguir el hilo de lo que venimos narrando, pues el desarrollo en profundidad de los hechos los hemos presentado en el capítulo La Revolución La Gloriosa, del bloque temático Momentos Históricos.

Si el 23 de septiembre de 1868, disuelto el Ayuntamiento, el gobierno pasa a la Junta Revolucionaria Provisional. Un día más tarde, el 24, su primera decisión fue levantar la prohibición a los vecinos de extraer sal de La Laguna, invitándoles a que cogiesen la que necesitasen para su uso particular, para venta o tráfico y sin límite alguno.

Aprovechando esta situación, los revolucionarios villafontenses asal-tan la Comandancia de Resguardo de la Laguna Salada y la desarman, adueñándose de todo el armamento de que disponía la citada Comandancia, desechando las armas inútiles. Cuando dos años más tarde la Comandancia abandone la custodia de La Laguna y entregue el Inventario de Bienes en la Alcaldía, hará constar que no se hace entrega de todo el armamento inventariado debido a que la Comandancia había sido asaltada y desarmada por vecinos del pueblo en la revolución de septiembre del 68, apropiándose de todas las armas útiles, quedando las restantes por inútiles.[98]

En octubre de 1868 la Junta Revolucionaria de Málaga disolvió las Juntas Provisionales establecidas en los pueblos, procediéndose más tarde a nombrar las definitivas, que serían elegidas por sufragio universal; entendiendo por universal tener más de 20 años. En Fuente de Piedra, la nueva Junta se denominó Revolucionaria y la componía un presidente, un vicepre-sidente, un secretario y cuatro vocales.[99]

Ante los múltiples disturbios que se venían produciendo, en octubre, la fuerza pública de Fuente de Piedra, o sea, la Guardia Civil, fue reunida en Málaga, donde quedó acuartelada.[100] Al finalizar el año (30 de diciembre de 1868) se decreta en Fuente de Piedra el estado de sitio,[101] se levanta días más tarde, a principios de 1869, y así se comunica mediante bando a todos los villafontenses,[102] pero por poco tiempo; el 8 de octubre era decretado el estado de guerra.[103]

Estos cambios de gobierno municipal serán el inicio de una larga serie de crisis políticas que veremos a lo largo de los próximos años y no cesarán hasta bien avanzado 1874.

Consecuencia de esa Revolución de 1868, Isabel II abandona el país. Los republicanos aplaudían el hecho, no así el resto de partidos políticos con preferencias monárquicas.

El 15 de enero de 1869 se celebraron Elecciones de Diputados a Cortes Generales y en Fuente de Piedra, al igual que en tantos otros municipios, las faltas y los abusos cometidos en dichas elecciones fueron denunciados por varios vecinos.[104] Para dirimir el asunto se personó D. Gabriel Calafat y a consecuencia de las decisiones adoptadas se produjeron algunos altercados.[105]

En mayo de ese año, la Comandancia del Resguardo de la Laguna capturaba a veintisiete vecinos que extraían sal y los llevó a la Casa Panera, convertida en la cárcel del pueblo.[106] Llegada la noche, el alcalde, al ver a sus vecinos encerrados, les abrió las puertas del Pósito y los dejó en libertad. El comandante del Resguardo puso el hecho en conocimiento del Gobernador Civil que no tardó en intervenir. Del expediente se deduce que el alcalde, D, Juan Fernández, no dio mucha importancia al asunto, pues su contestación fue que si los presos se habían fugado es porque la puerta no estaría bien cerrada, Se le instó a que averiguase cuáles habían sido los autores del delito de la extracción de sal bajo una multa de diez escudos que, entonces, tenían un valor equivalente a unos 40 reales de vellón.[107] La respuesta fue que si no les había abierto la puerta, tampoco sabía quienes eran los infractores. Pero el problema se agravaría, pues el comandante del Resguardo, D. Eleuterio Granados, cuyo nombre no olvidaría el alcalde, volvía a la carga y, dos días después (13 de mayo), apresaba a otros catorce vecinos por extraer sal. Los condujo de nuevo a la cárcel,  o sea, a la Casa Panera, y esta vez solicitó de D. Juan acuse de recibo de la entrega de los catorce vecinos.[108] D. Eleuterio no hacía más que cumplir con su deber, pero estaba pisando un terreno muy resbaladizo. El vecindario tomó buena nota de los hechos y no tardó en actuar.

A primeros del mes siguiente, junio, se hizo un acto de promulgación de la Monarquía Española, al que se invitó a las autoridades municipales rogando se nombrase un comisionado que se desplazase a Madrid con este objetivo.[109] No hay constancia de que Fuente de Piedra enviase comisionado alguno a la capital del Reino, y días más tarde, el domingo 6 era proclamada una nueva Constitución.[110] Y sería ese mismo domingo 6 cuando desde la Delegación de la Hacienda Pública de Málaga se comuni-case al alcalde que D. Eleuterio les había informado que en La Laguna había: 

«[…] un grupo considerable de paisanos armados extrayendo sal y ante cuyo número he tenido que permanecer impasible […] averigüe que clase de gente es la que se  presenta armada y en cuadrilla en la jurisdicción de su cargo”.[111]

Como vemos, la reacción del vecindario no se hizo esperar. Desco-nocemos si D. Juan respondió al oficio de la Delegación de Hacienda. Lo que sabemos es que a finales de ese mes de junio convocó a los funcionarios (maestro y administrador de Correos) y fuerzas presentes en el municipio (comandante de Resguardo de la Sal y dependientes de la misma) para tomarles juramento ante la nueva Constitución Española, y curiosamente, D. Eleuterio ya no comandaba el Resguardo, había sido sustituido por D. Blas Zabala, que tampoco permaneció mucho tiempo en el cargo, pues el 4 de julio del año siguiente, el Resguardo abandonaba La Laguna, cuya explotación salinera pasaba a manos privadas. La entrega al alcalde del Inventario de Bienes de la Comandancia fue hecha por D. Emeterio Huguet, último comandante del Resguardo de Rentas Estancadas de La Laguna de Fuente de Piedra.  

En este tiempo, los acontecimientos se suceden a una velocidad de vértigo. Un trimestre más tarde, el 23 de octubre de ese año de 1869 que venimos tratando, el Ayuntamiento era disuelto, quedando la Corporación que hasta entonces había encabeza D. Juan Fernández, reemplazada por los ediles Juan Jiménez Ruiz, que la preside como alcalde; Francisco del Pozo Casado, teniente de alcalde, y los concejales. Diego Pachón Guerrero, Francisco Rubio Santaella, Vicente Dorado Niebla, Juan Pachón Pachón y Rafael Prieto Aguilar.[112]

En lo que al año 1870 se refiere destacamos dentro del bandidaje el rapto del joven D. José María de Reina, vecino del pueblo sevillano El Arahal, cuya trama tuvo parte de su desarrollo en Fuente de Piedra; trama en parte descubierta por dos vecinos residente, naturales de aquella población sevillana; el secretario D. Francisco Andrade y el maestro naciónal D. Juan Gallegos. Lo ocurrido lo hemos desarrollado en la séptima parte de esta obra, en el bloque titulado Recreaciones históricas, a cuyas páginas remitimos al lector interesado.

En 1871 se inicia la etapa correspondiente a la primera monarquía democrática en España (1871-1873) un período que resultó ser turbulento. Amadeo I de Saboya, nada más llegar empezó a dar pésames. Prim había sido asesinado. Intentó ser un buen monarca constitucional, pero la coali-ción gobernante fue descomponiéndose de forma acelerada y el monarca poco pudo hacer al respecto. La propia monarquía estaba en juego. Por otra parte, los carlistas volvían a la carga. Quizá un poco tarde, pues no se explica cómo tras la salida de Isabel II no se volvió de inmediato a la línea dinástica representada por Carlos María Isidro. A esto hay que sumar que la libertad de culto luchaba frontalmente con los planteamientos carlistas que, aunque tarde, reiniciaban su actividad en 1872.

De estos hechos se puso al corriente a la Alcaldía villafontense y se les informaba de la intención de los carlistas de alterar el orden, por lo que se insistía que se vigilase a toda persona sospechosa que deambulara por el pueblo,[113] que se vigilasen día y noche los lugares por los que pasaban los hilos telegráficos (o sea, la línea férrea), para impedir que fuesen cortados e inutilizados.

Málaga fue una de las provincias que más acusó los desórdenes. El 28 de noviembre tuvieron lugar graves disturbios protagonizados por partidas armadas, posiblemente republicanas, dando lugar al estado de sitio,[114] pasando un mes más tarde a estado de guerra; comunicado que fue difundido por el Ayuntamiento para conocimiento del vecindario.[115] Deci-mos posiblemente republicanas, puesto que un mes antes se había destruido una partida de titulados republicanos y ante el peligro de levantamientos en la zona rural, aunque Fuente de Piedra estaba relativamente bien controlada, se recibió orden de no bajar la guardia y estar prestas a actuar en caso de necesidad, todas las fuerzas de seguridad que hubiese en el pueblo.[116]

Amadeo I de Saboya se cansó de nosotros, nos veía ingobernables y decidió abandonarnos. El 12 de febrero de 1873 se le comunicaba mediante despacho telegráfico al alcalde villafontense D. Juan Fernández Pachón, que:

«Los presidentes de la Asamblea Nacional por telegrama que he recibido a las 10,45 me dicen lo siguiente: El Senado y el Congreso en Asamblea después de admitir la renuncia de D. Amadeo de Saboya y proclamando la república […]»[117]

A resultas de todo esto se convocó a los concejales al ayuntamiento para celebrar una sesión extraordinaria en la que adoptar las medidas más convenientes en función de lo que estaba ocurriendo en el país. Enterados los ediles de la renuncia de S. M. el rey Amadeo I de Saboya y todas las circunstancias que se habían dado, acordaron

«[…] acatar en todo al Gobierno constituido como también hacer público por medio de bando que se fijará en los sitios de costumbre dicha determinación, y ordenar un repique general de campanas con iluminación por el vecindario, celebrando de este modo la nueva forma de Gobierno que la Nación se ha dado en uso de su Soberanía […]».[118]

De este modo nacía la I República Española, que no dejó de ser una república frágil, muy frágil y de corta, muy corta duración (1873-1874), pero vivida muy intensamente en Fuente de Piedra, provocando varios cambios de gobierno en la Nación y otros tantos en el municipio, que tratamos someramente aquí por haberlo hecho en detalle en el capítulo dedicado a la Primera República.

A un mes de proclamarse la Primera República, el alcalde D. Juan Fernández era destituido del cargo y por aclamación popular, sustituido por D. Juan Pachón. Pero las diferencias y enfrentamientos del nuevo alcalde con algunos vocales del Comité Republicano provocan que los mismos que lo habían elevado al cargo, lo levanten de su asiento, nombrando la Junta Republicana otra nueva Corporación municipal que contó con el apoyo de un considerable número de firmas.[119]

El 3 de enero de 1874 se constituyó y reunió la nueva Corporación en la Casa Capitular y se acusó al entonces secretario, Francisco Andrade, de «barrenar» ciertas reglas, adoptándose en dicha sesión destituirlo, nombrando en función de interino al ciudadano Pedro Heras y de meritorio sin sueldo a Ramón Díaz. También en dicha sesión fueron suspendidos de empleo y sueldo los guardas rurales municipales. En esa sesión, obvia-mente no estuvo presente el secretario titular, Francisco Andrade y, por su parte, Juan Espinosa hizo oídos sordos de los acuerdos[120] y mandó hacer ejercicio a los guardas rurales destituidos. Por su parte, el alcalde no acudía a las sesiones ordinarias, lo que obligó a la Corporación a informar al Juzgado Municipal para que procediese en consecuencia.[121] Informado de todo ello, el gobernador militar de Málaga ordenó formar nueva Corporación municipal, dejando el asunto en manos del alcalde, al que se le encargó nombrar a las personas que considerase más aptas. Sin embargo, el 7 de marzo hubo nuevo cambio de ediles, que gobernaron bajo la presidencia de D. Francisco Calle Ruiz. En esa sesión se acordaba reunir a la Corporación en sesión ordinaria todos los sábados, citando por papeletas a las sesiones extraordinarias que hubiera que convocar.[122]

En el primer pleno, que tuvo lugar el mismo día que era destituida la Corporación presidida por Francisco Montero, día 7 de marzo, el alcalde, Francisco Calle Ruiz, tomó la determinación de volver a incorporar al secretario Francisco Andrade, cesado por la Corporación anterior.[123] El Sr. Andrade aceptó reincorporarse al cargo[124] y la vida política municipal volvía casi a la normalidad. Por el contrario, la población pasaba por momentos de mucha tensión. Se produjeron altercados y hubo varias detenciones.[125] Se declaró el estado de sitio. Un vecino de Humilladero fue herido de bala, interviniendo la autoridad militar antequerana.[126] Se vigiló a los alborotadores, [127] muy relacionados con La Laguna, en la que hasta 500 obreros trabajaron al unísono en el proceso iniciado de desecación del vaso lagunar.

Decíamos más arriba que la población pasaba por momentos difíciles; se mostraba nerviosa e inquieta y el más mínimo motivo podía convertirse en excusa para provocar un amotinamiento. La excusa llegó de mano de la Sociedad de los Terrenos y Salinas de Fuente de Piedra cuando el ingeniero encargado de los trabajos[128] cambió las horas de siesta -sin que sepamos a qué razones atendía tal cambio-. Pero fue el pretexto para que varios operarios promoviesen un conflicto. La revuelta estaba servida. El 6 de septiembre, víspera de las fiestas patronales, el alcalde recibía a los obreros amotinados.[129] El comandante militar, sin pérdida de tiempo, a través del telégrafo solicitó de la Alcaldía que se le informase de la fuerza necesaria para reprimir a los amotinados,[130] y a las 8 de la noche, por el mismo conducto, el alcalde, D. Francisco Calle, requería la presencia de al menos veinte hombres armados para sofocar la rebelión.[131] Todo esto ocurría en 1874, año que política y socialmente los vivió muy intensamente el municipio.  

El 14 de enero de 1875 entraba en Madrid Alfonso XII, iniciándose el proceso de restauración que Cánovas del Castillo había venido gestando. Ello trajo consigo otro nuevo cambio de ediles municipales. Se destituyó la Corporación que fue sustituida por D. Francisco Montero Guerrero, alcal-de-presidente; D. Cristóbal Prieto Camuñas, primer teniente de alcalde; D. José Rodríguez Ávila, de segundo, completando la lista de regidores D. Pedro Guerrero Delgado, D. Juan del Pozo, D. José Navarro, D. José Gallardo Fajardo, D. Juan José Hidalgo y D. Bartolomé Escribano.[132]

Tres meses más tarde empezaban a salir trapos sucios de las gestiones anteriores, siendo el más significativo la  denuncia contra  uno de los alcaldes precedentes, D. Francisco Calle Ruiz, al que se acusaba (se demostró que infundadamente), de haber sustraído ciertos fondos,[133] y por acuerdo municipal se le obligaba a devolver los mismos. El acusado recurrió a la máxima autoridad malagueña, que tomó el asunto como suyo y paralizó las gestiones practicadas por la Corporación municipal denun-ciante.[134]

En esta etapa que venimos narrando los gobiernos municipales duran lo que una pompa de jabón. El 10 de agosto de 1875 volvía a haber cambio de ediles. Ocuparon los nuevos cargos D. Ramón Díaz Borrego como alcalde-presidente, seguido de D. Juan Jiménez Ruiz, teniente de alcalde y D. José Rodríguez Ávila segundo teniente, completando la Corporación los regidores D. Francisco Rubio León, D. Juan Acuñas Jiménez, D. Pedro Montenegro Ruiz, D. Francisco León Fernández y D. Antonio Saavedra Revollo.[135] El fallo en la toma de posesión de uno de los regidores fue solventado con un sustituto, D. José Calle, que juraba el cargo a final de ese mes el 31 de agosto de 1875.[136]

Tras la agitación de los años anteriores asistimos a una bonanza política que no durará mucho, pero da un respiro al colectivo político municipal. Dos años más tarde, en 1877, hay nuevas elecciones. La vara de mando pasa de D. Ramón Díaz Borrego a D. Francisco Montero Guerrero,[137]  que cuenta con una nueva Corporación.

Con motivo del casamiento en enero de 1878 del rey Alfonso XII con la infanta Doña Mercedes de Orleans se repartieron 20.000 panes entre los pobres y necesitados de la provincia de Málaga, a Fuente de Piedra le correspondió un bono de 100 panes que el cura, junto con el juez y el alcalde se encargaron de distribuir.[138] El matrimonio duró poco; el recuerdo del desenlace quedó plasmado en el cine en una trágica historia de amor, sentimiento popular que también quedó reflejado en Fuente de Piedra en sus comunicaciones y actas municipales.[139]

Las elecciones del año siguiente, 1879, terminaron con el empate en número de votos de los dos candidatos a la Alcaldía: D. Francisco Montero Guerrero y D. Antonio Calle Ruiz. Se repitió la votación dos veces más con el mismo resultado. La suerte decidió finalmente que la Alcaldía recayese en D. Francisco Montero Guerrero. Ante esta situación, su oponente, D. Antonio Calle Ruiz, se retiró manifestando que: «... no se contase con él para nada».[140]

Siguiendo el procedimiento legal establecido, la suerte inclinó la balanza en favor del Sr. Montero, según reza en el acta capitular que recoge los hechos. Por otra parte, un buen número de concejales pidió se añadiera una diligencia al final del acta de la sesión haciendo constar que el aspirante Sr. Calle no residía en el municipio y, por tanto, al no ser vecino, no podía ocupar el pretendido puesto de alcalde.

En principio todo fue bien hasta que se recibió una orden del gobernador civil suspendiendo de su cargo al alcalde, D. Francisco Monte-ro Guerrero, siendo nombrado para sustituirle el primer teniente de alcalde D. Francisco Navarro León, sorprendiendo el motivo, pues lo había provo-cado la falta de remisión de los estados sanitarios, que periódicamente había que enviar al Gobierno Civil. Falta que llevaba implícita, además, la correspondiente sanción económica. No obstante, poco duró esa suspen-sión, pues dos semanas más tarde, el Sr. Montero volvía a ocupar la presi-dencia de la Corporación.[141] No sería este el único sobresalto que el Sr. Montero se llevara durante su mandato, como más adelante detallaremos.    

La administración local, o sea, el Ayuntamiento, se nutría de los impuestos que cobraba al vecindario, al tiempo que recaudaba los destinados al sostenimiento del Estado. Puesto que no todos los vecinos pagaban sus impuestos reglamentariamente, se nombraba un Comisionado de Apremio que se daba una vuelta por el pueblo para presionar a los morosos. A estos efectos llegó al pueblo D. Joaquín Norro, sustituyendo a su antecesor en el cargo, D. Gonzalo Trujillo.[142] Este nombramiento no tendría más importancia si no fuese porque el tal Norro, nada más llegar cogió  una borrachera que no soltó hasta que lo devolvieron de nuevo a Málaga, creando una cadena de problemas que hizo intervenir a la máxima autoridad municipal.[143] Por otra parte, varios vecinos se habían quejado de la administración llevada a cabo por el alcalde, D. Francisco Montero,[144] quejas que llegaron hasta el gobernador civil, que no tardó en nombrar un delegado especial para que inspeccionara las cuentas del municipio. El delegado, D. Pedro Sánchez Rabaneda, se presentaba en Fuente de Piedra el 14 de abril (Jueves Santo, el mismo día que el comisionado Sr. Norro dio la nota con la bebida) y por oficio informó al alcalde que pasaría la inspección  a la una de ese día. Al ser el Jueves Santo en Fuente de Piedra un día grande,[145] de inmediato D. Francisco Montero le contestó que no podía acompañarlo por no disponer de tiempo al tener que atender las prácticas religiosas, tanto ese día como el siguiente, Viernes Santo.[146] Pasa-da la inspección sin problema alguno, pero insistiendo un grupo de vecinos que continuaban las irregularidades en la Corporación, meses más tarde se nombraba a otro delegado, D. José de la Casa Bascón,[147] para que auditase las cuentas municipales. Desconocemos el resultado de la inspección, pero deducimos que el informe no debió ser negativo en tanto que no se tomó ninguna medida correctiva o cautelar por los hechos denunciados y tampoco hay constancia documental de sanción alguna.

La gestión municipal en las dos décadas que restan hasta alcanzar el siglo XX, se podrían catalogar de relativa bonanza, pues si bien la Corpo-ración tuvo que afrontar situaciones difíciles, estas no fueron por la gestión municipal emprendida, sino por causas ajenas, como las derivadas del terremoto de 1884, o mediar ante los movimientos sociales que venía protagonizando la población desde años atrás y venía cobrando fuerza día a día. Recordemos el amotinamiento de los obreros de La Laguna en 1874.

Volviendo a 1882, los agricultores tenían su punto de reunión en el número 17 de la calle Los Solises. Desconocemos si agrupados sindicalmente o bajo la dirección de un líder. En un caso u otro, cumpliendo con la normativa de una ley de 1880, se informaba a la Alcaldía de una reunión de trabajadores del campo y lo hacía en la forma siguiente:

«Alonso Martín Rodríguez, de esta vecindad, casado, trabajador del campo, domiciliado en la calle los Solices numero diez y siete, según cedula personal numero setenta y tres expedida en Fuente Piedra a diez y seis de octubre de mil ochocientos ochenta y uno, por el Sr. Alcalde de esta Villa de Fuente Piedra, pongo en conocimiento de V.S. a los efectos prevenidos en el artº 1º de la Ley de 15 de Junio de 1880 que en el día de mañana 15 de Octubre a las 10 de la misma se reune los trabajadores del campo de esta localidad en el local Calle de los Solices numero 17 para organizar la Seccion de Agricultores.

         Lo que en cumplimiento de mi deber y por acuerdo de mis    compañeros participo a V. S. Dios guarde a V. S. muchos años.

         Fuente Piedra y Octubre 14/82       

         (Firmado) Alonso Martín Rodros».[148]

         Los movimientos obreros, protagonizados por los trabajadores del campo, que se van agrupando en asociaciones y organizan manifestaciones, a veces no pacíficas, cargadas de cierta violencia, hacen temer a la autoridad municipal la proximidad del día 1 de mayo. La repetición de estas manifestaciones durante años ha puesto en alerta a la guardia civil. En este sentido, en 1891, nada más empezar el año, el cabo del puesto de la guardia civil de Fuente de Piedra, Francisco Rojo López, solicita del alcalde una lista con los cabecillas y sujetos sospechosos de provocar y alterar el orden para someterlos a estrecha vigilancia.[149] Para el 1 de mayo se preveen manifestaciones de cierta violencia habida cuenta que la Guardia Civil, de los dos puestos con que contaba el municipio, uno en el casco urbano y otro en la finca Los Blancares,[150] en breve abandonarían sus puestos siguiendo órdenes de instancias superiores, quedando desatendida la población. En esta situación, el alcalde D. Juan Fernández Pachón solicita encarecidamente que la benemérita no abandone el puesto asignado en el municipio, pues en esos momentos, la situación es crítica como hace constar en escrito dirigido el 24 de abril de ese año de 1891 al gobernador civil en el que le expone que:

«[sic] Abrigando temores esta Alcaldía de que con motivo de las huelgas de obreros que proyectan para primeros del mes de Mayo próximo venidero pueda alterarse el orden público en esta Localidad, el Ayuntamiento de mi Presidencia ha acordado se dirija a V. E. respetuosa comunicación exponiéndole la conveniencia de que no se retirara de esta Población la fuerza de la guardia civil que existe en la actualidad para que auxiliados por la misma las Autoridades Locales puedan reprimir cualquier desorden que pudiera promoverse y al mismo tiempo poder vigilar la estación y Línea férrea de este Término Municipal. Dios guarde…»[151]

         El alcalde D. Juan Fernández y su Corporación municipal empiezan a ponerse nerviosos al observar que los números de la guardia civil asentados en los Puestos de Los Blancares y casco urbano son reclamados por la superioridad y abandonan el municipio. Circunstancia que se ve agravada ante las noticias que circulan en la población respecto a la huelga programada para el inminente primero de mayo. No obteniendo respuesta,  el 29 de abril, D. Juan se dirige de nuevo al gobernador civil, haciéndole partícipe de la inseguridad que ha calado entre el vecindario y las medidas que, dentro de sus posibilidades, piensa poner en práctica. Detalle del que da cuenta en el oficio remitido al Gobierno Civil en el que leemos:

«[sic] Teniendo noticias esta Alcaldía de que algunas personas vienen agitando a los trabajadores del campo para verificar manifestaciones o reuniones en esta Población durante los primeros días del próximo mes de mayo con el deliberado propósito de causar daño a personas y propiedades según el rumor público, cuyos rumores tienen alarmada a esta Población y mucho más desde el momento que han visto marcharse la fuerza de la guardia civil de los Puestos de Blancares y de esta Población, con el fin de tranquilizar en cuanto sea posible los ánimos de los habitantes honrados y pacíficos, he convocado a gran número de estos con el fin de organizar rondas que vigilen la Población constantemente y puedan en caso necesario auxiliar a esta Alcaldía para procurar reprimir cualquier desorden que pudiera intentarse. Mas como nunca pueden ser tan eficaces los auxilios prestados por paisanos, aunque en gran número, como los que presta la fuerza armada de cualquier instituto militar, de ahí el que el vecindario no tenga completa confianza en que dejen de ocurrir algunos incidentes desagradables; y deseando que todos mis administrados puedan ser respetados en sus personas y propiedades, me permito volver a molestar la alta atención de V. E. rogándole, como ya tuve el honor de hacerlo en comunicación 105 de fecha 24 del presente mes, se sirva ordenar que por cualquier clase de fuerza militar y aunque sea en escaso número, se auxilie a esta Alcaldía y demás Autoridades Locales, para mantener el orden público y evitar los males que este vecindario teme no solamente de las personas que en esta misma Población pudieran tomar parte en dichos desórdenes, sino principalmente del auxilio que según públicamente se asegura, recibirán de los pueblos limítrofes… »[152]

         Y sin que se recibiese auxilio de parte alguna, llegamos al domingo primero de mayo. La nueva información que por vía confidencial llegó a la Alcaldía aumenta aún más la tensión entre las autoridades locales. D. Juan Fernández pone de nuevo en conocimiento del gobernador civil que:

«Habiendo tenido noticias por confidencia particular de que en la mañana del día de la fecha (1/5/1891) algunos individuos vecinos de esta población habían hecho gestiones para que el Capataz de la Brigada Nº 18 del Ferrocarril de Córdoba a Málaga, Pedro Rosales de la Torre secundase los propósitos de facilitar herramientas para cortar la vía férrea y levantar los aparatos telegráficos tan pronto como tengan noticia del día y hora en que debe verificarse, en distintos puntos de la vía, procedí inmediatamente a practicar las oportunas indagaciones y según manifestación del referido Capataz es cierto, cuanto se me había manifestado en la referida confidencia. En su virtud con esta misma fecha y hora de las dos de la tarde doy parte al Juzgado y mediante comunicación al Jefe de la Guardia Civil destacado en el inmediato Pueblo de la Alameda, según se sirve V.E. manifestarme en su respetable comunicación de fecha 30 de Abril, próximo pasado a fin de que se sirva facilitar las fuerzas que estime oportuno para impedir cualquier desorden que pudiera promoverse […]».[153]

El dos de mayo, el alcalde solicitaba a la fuerza destacada en Alameda que interviniese.[154] A su vez, el juez de paz, más explícito en detalles, informaba al Gobierno Civil:

«Por confidencia particular se ha manifestado a esta Alcaldía en el día de la fecha (2/5/1891), que el vecino de esta Población Juan Castro Caballero a quien se indica como agitador de la Clase Obrera de esta Localidad, había hecho gestiones en la mañana de este mismo día para conseguir que el Capataz de la Brigada Nº 18 de la línea férrea de Córdoba a Málaga, Pedro Rosales de la Torre, accediese a las pretensiones de aquel de facilitar las herramientas que para el trabajo usa dicha Brigada, a fin de que en el momento de tener instrucciones que esperan de otros diferentes puntos, proceder a levantar la vía férrea y los aparatos telegráficos. Seguidamente procedía a hacer las oportunas indagaciones resultando según lo expuesto por dicho Capataz ser cierto cuanto se manifiesta en la denuncia confidencial habiéndose apercibido de las proposiciones del Juan Castro la esposa de Francisco Gallardo Fajardo que habita en la Casa inmediata a la en que habita el referido Capataz que es la Casilla próxima a la Estación férrea y una hija de José Rivas, Guarda Aguja de dicha Estación, llamada Filomena Rivas García, las cuales se hallaban muy próximas e indudablemente han debido enterarse de cuanto hablo el Juan Castro. Todo lo cual me apresuro a poner en conocimiento de V. a los efectos de proceder habiéndolo también comunicado con esta misma fecha al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia».[155]

El año siguiente, los enseres del Puesto de la Guardia Civil de Los Blancares que había sido clausurado fueron entregados al Sr. Alcalde, D. Juan Fernández Pachón.[156] No existiendo documento alguno que justifique la clausura del Puesto de la benemérita existente en el municipio, cabe la posibilidad de que retornase de inmediato o no hubiese abandonado el pueblo, pues hay documentos de su presencia en los años inmediatamente posteriores a 1892, lo que nos induce a pensar que fue el Puesto de Los Blancares el único que fue clausurado en 1891.

         Vista la situación social en esas dos últimas décadas del siglo XIX, retrocedamos para conocer la intervención municipal en 1884 y años sucesivos para paliar los efectos del terremoto que se sintió la noche del 24 de diciembre de 1884. La intensidad del seísmo, acompañado de un grave sonido, fue recogido en el estudio que la Comisión Oficial[157] haría público más tarde. Las réplicas se sucedieron durante varios días, lo que provocó que aumentase el temor del vecindario. En este sentido, una semana más tarde, el 2 de enero de 1885, de los vecinos citados por el Ayuntamiento para atender el amillaramiento del siguiente ejercicio, no compareció prácticamente ninguno de los convocados, dejando el secretario municipal constancia de ello en el acta que se levantó, justificando las ausencias por la:

 «[…] tan crítica y angustiosa (4337) situación en que nos hallamos con los temblores de tierra que con frecuencia se repiten».[158]

Sin embargo, a pesar del lamentable estado que presentaba la iglesia, los vecinos, ajenos al peligro que el edificio entrañaba, seguían acudiendo al templo hasta que entre los días 4 y 11 de enero, el Sr. Alcalde accidental, D. Juan Acuñas Jiménez, aprovechando que se encontraba en la villa el ingeniero de la naciente Compañía Agrícola y Salinera, D. Julio Groján, solicitó elaborase un informe sobre la situación del templo. Analizada la situación en que se encontraba el edificio, dictaminó el grave peligro que entrañaba para el vecindario.[159] De inmediato, D. Juan Acuñas lo puso en conocimiento de la Corporación en el pleno del domingo 11 de enero y se ordenó al cura párroco D. Enrique Conejo Sola, que procediese a la clausura del templo y no permitiese la entrada de los fieles hasta nueva orden.[160] El lunes 12 de enero de 1885, se informaba al gobernador civil del cierre del templo. Cinco años más tarde sería inaugurada la nueva iglesia, levantada de nueva planta.

Y en esta situación Fuente de Piedra empieza a vislumbrar el siglo XX. Un siglo que no estuvo falto de sobresaltos como iremos viendo en las  páginas siguientes.

Fragmento de Historia Temática Villafontense

Capítulo.-  Política y Gestión Municipal

La Gestión Municipal de 1547 a 1900

Francisco Muñoz Hidalgo

(Obra en composición)